EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

divendres, 17 de setembre de 2021

SALVEM L'ATENCIÓ PRIMÀRIA Propostes de la Fadsp

  

ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA INTENTAR SUPERAR LA SITUACIÓN CRÍTICA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA TRAS LA PANDEMIA COVID

    El deterioro de la Atención Primaria se venia produciendo desde años antes de la pandemia por coronavirus. ahora la saturación de los centros de salud por el exceso de actividad en la pandemia, las acumulaciones o la falta de profesionales, etc, no deberia servir de coartada para que las administraciones públicas o los grupos profesionales limiten el acceso a los centros de salud y a la atención sanitaria poniendo barreras físicas o funcionales. 

   
     La progresiva degradación de la AP ha sido consecuencia de decisiones políticas a través de una financiación insuficiente, una mala gestión de los recursos y la potenciación de la medicalización. Algunas administraciones y grupos profesionales han aprovechado la forma de afrontar la pandemia para organizar la demanda a su gusto, que se resume en menos actividad presencial y más actividad interpuesta: teléfono, telemedicina, correo electrónico, etc…, lo cual tendrá consecuencias nefastas para la población más pobre, de más edad y la más necesitada, porque es la menos “digitalizada”, así como para la atención de los procesos agudos sobrevenidos (cáncer, por ejemplo), cuya visibilidad entorpece, y que tendrán como consecuencia un aumento de la inequidad. 

    Esta actitud no puede ser defendida por los profesionales que entendemos que los centros de salud deben solucionar las necesidades de los individuos y de la población, que la AP no debe incrementar aún más las desigualdades sociosanitarias si no, al contrario, intentar aminorarlas; que la AP debe incrementar su capacidad resolutiva accediendo a más recursos diagnósticos y que debe facilitar el acceso de los pacientes poniendo a su disposición el profesional que más se adecue a su problema de salud y la forma de contacto más rápida y resolutiva. 

    De no ser así, y si se siguen poniendo trabas, demorando consultas o derivando innecesariamente pacientes, la AP perderá prestigio y cada vez mas personas, ya que las que se lo puedan permitir tenderán a acudir a la asistencia privada buscando soluciones ágiles y utilizando los Centros de Salud como un mero paso para acceder a medicamentos y pruebas complementarias. 

    Los puntos que siguen recogen las medidas que consideramos necesarias para recuperar el potencial y las capacidades de la AP, y pretenden suscitar un debate amplio entre los profesionales con la esperanza de influir en las políticas públicas, para que reconsideren tanto el actual modelo de la AP como el mutualismo (que lastra el prestigio de la misma) y para que el denominado Plan de Recuperación, transformación y resiliencia (componente 18) cuente con una financiación específica y suficiente. 

    1.- Recuperar lo recortado en los últimos años, incrementando el presupuesto (hasta el 25% del total) y las plantillas de personal y eliminando las trabas de acceso a pruebas diagnósticas y terapéuticas. Ofertar Empleo Público estable y de calidad y estabilizar las plantillas mediante OPEs con la suficiente periodicidad. 
    2.- Garantizar unos Centros de Salud abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera 
    3.- Dar prioridad a las consultas presenciales, fundamentales para lograr una eficaz relación profesional/paciente y una atención de calidad. Las consultas telefónicas y telemáticas deberán tener un papel complementario y no discriminatorio para personas mayores o con dificultades para manejar las nuevas tecnologías
    4.- Incrementar significativamente la enfermería comunitaria e incorporar nuevos profesionales a los equipos (fisioterapia, matronas, salud mental, logopedia, atención temprana, farmacología clínica …), ahora solo accesibles por derivación externa, y con inauditas demoras, lo que ocasiona fugas de pacientes. Limitar el número de consultas médicas sin modificar las estructuras de personal y el funcionamiento de los centros genera listas de espera inaceptables. 
    5.- Incrementar el personal de las áreas de admisión, formarlo adecuadamente para mejorar la relación con la comunidad y garantizar, en estrecho contacto con el personal asistencial, la distribución de las demandas de atención en los Centros
    6.- Desmedicalizar la Atención Primaria y ofertar opciones de cuidados con una orientación comunitaria y sociosanitaria, teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional creciente y las situaciones que ocasionan inequidad (migración, paro, pobreza,…); así como favorecer los autocuidados y el apoyo mutuo, la promoción, la prevención y la rehabilitación. 
    7.- Mejorar la relación con el nivel hospitalario, potenciar los Procesos Asistenciales como base de la atención de salud, coordinados desde la Atención Primaria, incrementando su capacidad resolutiva 
    8.- Desarrollar la orientación comunitaria en los centros de salud con la colaboración de Salud Pública y la consideración de los determinantes sociales de la salud. Promover la participación de las administraciones locales para la promoción de salud identificando y promoviendo los activos para la salud de la comunidad. Mejorar la atención socio sanitaria a personas mayores y a otros grupos vulnerables. 
    9.- Trasformar las Áreas de Salud para que se conviertan en el espacio para la integración de todas las actuaciones y actividades de salud, dotándolas de instrumentos para la planificación y gestión participativa 
    10. Garantizar la participación y empoderamiento de los ciudadanos para la promoción de salud y la mejora de los servicios sanitarios constituyéndose consejos de salud que permitan una participación real y efectiva. La participación ciudadana no debe ser sólo para la mejora de los servicios sanitarios sino también en estrategias de promoción de salud. Si nos limitamos a los Consejos de Salud de Área no habrá una participación real, deben ser también de ámbito municipal y en algunos casos de Zona Básica de Salud. 
    11.- Promover el nivel de inteligencia de la Atención Primaria potenciando las actividades formativas, docentes y de investigación, con recursos y equipamiento propio y suficiente. Si bien es cierto que los cambios en la forma de trabajar en enfermería y medicina durante la pandemia nos han permitido conocer ciertas ventajas de nuevos tipos de consulta, esencialmente la telefónica, el correo electrónico o las videoconsultas, que podrán permanecer para algunos procedimientos (renovar recetas, partes de baja, dar informes, etc.), creemos que la atención presencial debe ser la predominante, al menos por dos motivos.: 
        Por un lado, porque dificultar la relación cara a cara entre profesional y paciente atenta contra la deontología profesional y contra el derecho a la atención personalizada, y la deshumaniza al distanciarla y al interponer artefactos. 
        Por otro lado, es inadmisible una formación pre y postgrado de los profesionales, de los MIR y de los EIR, basada en consultas telefónicas. 

Como es lógico, cada uno de nosotros, profesionales de la Atención Primaria, tenemos posiciones ideológicas diferentes, incluso puede que estemos de acuerdo del todo, o solo en parte, con los puntos enumerados en el documento, pero, en esta ocasión, las perspectivas de la Atención Primaria son tan oscuras que deberíamos estar por encima de nuestras lógicas diferencias y mostrar acuerdo en lanzar esta iniciativa. La pasividad, las discrepancias en los matices o las actitudes excluyentes deben quedarse al margen cuando fortalecer nuestra Atención Primaria no admite más demoras.


RUEDA DE PRENSA PRESENTACION SALVEMOS LA AP

dijous, 8 d’abril de 2021

RESUM SOBRE LA GESTIO DEL SISTEMA SANITARI CATALÀ

Sempre recordem que Catalunya al rebre les competències sobre sanitat era una comunitat on hauria sigut necessària una inversió de 50 mil milions de pessetes per a que l’INSALUD pogués tenir la proporció de llits de públics[i] per habitant que manava la Llei General de Sanitat.  Com es donava la circumstància de que ja hi havia una Xarxa d’Utilització Pública creada per el ICS amb els recursos existents, es va consensuar aprofitar-la i el consens va ser unànime l’any 1990.

Aquests recursos comprenien els llits del INSALUD i els que altres institucions públiques com Ajuntaments, Diputacions i Facultats de Medicina havien creat i mantingut. Se sumaven també els d’institucions privades lligades o no a l’Església i Ordres Religioses a més de Fundacions Privades benèfiques.

El consens es va trencar al modificar la llei l’any 1995 introduint possibilitats d’ànim de lucre en la gestió oposades a l’absència d’ànim de lucre, principi bàsic de la gestió de la Sanitat Pública que propugnava la Llei General de Sanitat[ii]

Des de llavors s’ha mantingut la diferència en la gestió entre les entitats de procedència del ICS i totes les altres. No se les ha acabat d’integrar en el Sistema Sanitari i en quant a la gestió, s’han desaprofitat els beneficis que aquesta integració podria comportar tant des del punt de vista de l’economia d’escala com de l’harmonització de les condicions laborals dels treballadors sanitaris i sobre tot: facilitar la col·laboració entre els centres sanitaris i reduir la burocràcia.

A aquesta diversitat preexistent s’han afegit després de 1995, les entitats Mercantils sempre en el marc d’autonomia de gestió. 

Tenim ara diferents graus de tutela de la gestió. La tutela màxima o jeràrquica amb control econòmic previ correspon a les entitats gestionades per l’Administració.  El menor grau de tutela és el de les entitats Mercantils. En la tutela no jeràrquica, el control econòmic és posterior a l’execució i per una auditoria cada varis anys. 

 

Dins de la diversitat entre aquestes entitats que conformen el nostre sistema sanitari, es pot fer tres grups [iii]

 

Consorcis, Empreses Públiques i Societats Mercantils

Els Consorcis són de caràcter associatiu, les Empreses Públiques de caràcter empresarial i de caràcter mercantil les Mercantils

La titularitat és pública en els tres tipus d’entitat

La comptabilitat és pública en els Consorcis i les empreses Públiques i privada en les Mercantils que naturalment són entitats de naturalesa privada..

El pressupost és estimatiu en els tres

 

Actualment consten [iv] 16 Consorcis tretze d’ells a Barcelona ciutat i província. Es caracteritzen per estar composats per diverses entitats consorciades i per la presència de representants dels ajuntaments i consells comarcals en el seu Consell d’administració a més de representants del Servei Català de la Salut. L’Ajuntament de Barcelona per exemple, està  present al Consorci de Salut de Barcelona que té al seu càrrec l’atenció pública a tota la ciutat per especial mandat legal de la Carta Magna Municipal i al Consorci del Parc Salut Mar,

Altres ajuntaments que participen en Consorcis són els de: Igualada, Mataró, Vilafranca del Penedès, L’Hospitalet, Sant Joan Despi, Mollet, Terrassa, Sabadell i Blanes

Els Estatuts són la llei fonamental per els Consorcis per que determinen l’autonomia i fixen els límits de la seva activitat. En la composició del Consorci poden entrar altres consorcis i empreses privades si així ho marquen els seus Estatuts.

 

Referent a les Empreses Públiques: Algunes provenen del traspàs d’entitats gestionades per Diputacions com Gestió de Serveis Sanitaris (Lleida), Institut Assistència Sanitària (Girona), Gestió i prestació de Serveis de Salut (Tarragona).  Altres com el Parc Sanitari Pere Virgili antic  Hospital Militar a Barcelona  Algunes empreses es van crear amb finalitat instrumental com el Servei d’ Emergències Mèdiques, i l’Agència d’Avaluació i Tecnologia i recerca Mèdiques

Les empreses públiques de la Generalitat d’acord amb l’estatut de l’empresa pública catalana, poden ser de dret públic o societats civils o mercantils el que es tradueix en nivells diferents de tutela, les societats civils tindrien menys tutela que els consorcis i aquests menys que les de dret públic

Aquesta diversitat de gestió com s’ha dit moltes vegades[v] comporta una pèrdua de control efectiu sobre els serveis sanitaris, facilita la intromissió d’interessos privats i ha de dificultar enormement la governança de tot el sistema sanitari.

Mapa gràfic del model sanitari català [vi]



La década perdida de la Sanidad Pública catalana per Emili Ferrer Ingles

El passat 10 de Febrer hem llegit al blog "ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS l'article 'Emili Ferrer ingles que recomanem 

https://economistasfrentealacrisis.com/la-decada-perdida-de-la-sanidad-publica-catalana/


Segurament dir que necessitem sortir dels deu anys de mal son sanitari, dir que cal reconstruir una sanitat pública a Catalunya digna per les properes generacions pot semblar una obvietat, com ho pot semblar dir que això s’ha de fer amb amplis acords i escoltant a tothom. Però per fer-ho es imprescindible conèixer que ha passat i a on som. Cal saber, encara que sigui aproximadament,  quina sanitat ens ha deixat la dècada perduda. Quines ha estat el resultat del desgovern, de l’afany de privatitzar i de retallades sustentades amb arguments ideològics.

Deu anys de polítiques austericides d’ajustos fiscals, que amb l’objectiu d’amagar injustes desigualtats,  apel·laven a suposats malbarataments. Polítiques que l’economista Lionel Robbins defensava l’any 1930 en les seves controvèrsies amb John Maynard Keynes. Trenta anys mes tard Lionel Robbins, en les seves memòries,  va reconèixer que tractar las crisis amb retallades i depressió: “era tant poc adequat com negar mantes i estimulants a una persona que ha caigut a un estany gelat, sobre la base de que el seu problema original era d’excés de calor’. Efectivament no es tracta d’excés de prestacions públiques,  es tracta d’excés d’ideologia. No en diuen retallar, en diuen ajustar. Paul Krugman (¡Acabad ya con esta crisi! 2012) adverteix que: “el moviment de lluita contra el dèficit mai ha tingut el dèficit com objectiu; es tracta de fer servir la por al dèficit per destrossar la xarxa de protecció social”.

Deu anys de maltracta a la protecció social, a la sanitat pública, a l’educació pública i a l’habitatge públic a Catalunya, ens han deixat sense protecció davant de les carències i l’infortuni. Desprotecció pública menys tolerable quan es produeix en un país en que la pressió fiscal es del 34,2 per cent del PIB, considerablement inferior al 41,6 per cent de mitja a la zona euro. Deu anys en que ha gripat el motor de la igualtat d’oportunitats i que s’ha ampliat lo privat en detriment de lo públic. Deu anys de privatització del risc social que ens deixen davant d’una doble recuperació:  la d’allò perdut en l’última dècada i la d’allò destruït per la pandèmia.

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La persistente aplicación de políticas austericidas de ajuste fiscal han desguazado el servicio de sanidad pública en Catalunya. Es necesario superar esta fase de recortes de los recursos públicos destinados a la salud, de reducir la capacidad de la prestación sanitaria pública, de maltratar a los profesionales, de derrochar la confianza que los ciudadanos habían depositado en la sanidad pública i de propiciar la expansión substitutiva de la sanidad privada en detrimento de la pública.

Necesitamos superar la ampliación provocada en la crónica infrafinanciación de la sanidad pública. Son razones para abrir una nueva etapa de reconstrucción, tarea que sólo será posible con la más amplia participación, donde todos tengan cabida y comporte la constitución de un pacto nacional para la sanidad en Catalunya.

Milers de persones es manifesten pel centre de Barcelona en contra de les retallades a la sanitat pública

Durante estos años muchas voces han advertido que la crisis económica y sus consecuencias no se podían considerar catástrofes naturales, a diferencia de la sindemia (termino que aportó Merrill Singer en 1990, haciendo referencia a los efectos sociales derivados de una causa biológica) provocada por la covid-19. La crisis del 2008 y la recesión de 2010 tienen una causalidad humana.  Derivan de decisiones políticas, y por tanto evitables y reversibles. Propiciar un gran acuerdo del más amplio alcance político y social para la reconstrucción de la sanidad pública en Catalunya es lo que necesitamos. Un acuerdo sustentado en el conocimiento de lo que ha ocurrido y de los resultados que se han derivado. Con el ánimo de una aproximación a esta cuestión, señalaré algunos aspectos, que seguro serán parciales e incompletos, pero que pueden contribuir al necesario diagnóstico.

La primera constatación es el desguace de la protección comunitaria de los ciudadanos. Si tomamos como referencia el gasto público salud, educación y vivienda acumulada desde el año 2010 hasta el presupuesto de la Generalitat de 2020 (Llei 4/2020, de 29 de abril) y a partir de la información de la Cuenta General de cada año y de los estados mensuales de ejecución del presupuesto del Departament d’Economia i Hisienda, revaluada en términos de euros de valor constante de 2020., se observa que durante esta década se han reducido los recursos destinados a esta finalidad en 14.724 millones de euros. Entre 2010 y 2014, con gobiernos de CiU y soporte del PP, una reducción de equivalente a 6.494 millones de euros y, entre 2015 y 2020, con gobiernos de CiU/JxC y ERC, se han reducido 8.230 millones de euros.

En segundo lugar, las prioridades de estos gobiernos han estado alejadas de las necesidades de los ciudadanos más afectados por la creciente e intolerable desigualdad social. De la comparación entre el gasto en 2010 y la propuesta de presupuesto para 2020 se observa la aplicación de criterios diferentes a los recursos destinados a bienestar social que al resto de finalidades públicas.

De tal manera que la previsión inicial de gasto para Protección Y Promoción Social es sólo un 0,96 por ciento superior a la de 2010, es decir, los recursos destinados a la población más afectada por los efectos de la crisis estarán prácticamente bloqueados. Situación que contrasta con que, entre 2010 y 2018 (último dato) la tasa AROPE de riesgo de pobreza en Catalunya pasó del 19,2 por ciento al 24,7 por ciento. Lo mismo podemos observar en las dotaciones para educación que entre 2010 y 2019 tienen un incremento de solo el 0,16 por ciento.  El presupuesto destinado a salud para 2020 es un 5,6 por ciento inferior a al gato sanitario en 2010.

En conjunto las prestaciones vinculadas al bienestar social se reducen durante esta década en 1,96 por ciento.

En este contexto de contracción presupuestaria se produce la paradoja de la simultaneidad de recortes en bienestar social contemporizando con el incremento de los otros gastos de la Generalitat de Catalunya no vinculados a la deuda pública, es decir, sin computar intereses ni amortización de préstamos. Estos gastos en 2020 experimentan un incremento del 28,34 por ciento. La asignación a salud para 2020 es 520 millones de euros inferior al gasto de 2010, sin embargo, los otros gastos no financieros son 3.399 millones de euros superiores a los de 2010.  Esta circunstancia que hace difícilmente compatible atribuir las restricciones presupuestarias en las políticas sociales solo y exclusivamente a causas externas al gobierno, pero puede indicar un orden de prioridades poco vinculado al consenso y a promover la equidad social.

En tercer lugar, decisiones tributarias poco responsables que han condicionado la capacidad financiera. En mayo de 2011 a propuesta de CiU i PP el Parlament de Catalunya aprobó una modificación del impuesto sobre sucesiones, uno de los impuestos cedidos a la Generalitat de Catalunya y de los más progresivos (en el Reino Unido en la década de 1980  el tipo máximo llego a situarse en el 72 por ciento) La proyección de la recaudación por la imposición sobre sucesiones y donaciones muestra, en euros de valor constante de 2020, como la recaudación por estos conceptos durante esta década e relación a la media de 2009 i 2010, habría sido aproximadamente 6.230 millones superior. Es decir que sin esta reducción impositiva no habría sido necesario el recorte en la sanidad pública.

En cuarto lugar, el proceso de privatización de la sanidad. Si adoptamos como criterio de privatización de la sanidad el requerimiento de que el crecimiento de la sanidad privada sea superior al de la sanidad pública, esta ha sido una década de privatización.  Según los datos del Servei Català de la Salut sobre sanidad púbica y sanidad privada en el período 2010-2018 (últimos datos) en euros de valor constante 2020, la sanidad pública con concertada disminuyó el 7,8 por ciento, en tanto que el gasto en sanidad privada no concertada creció el 17,3 por ciento, pasando de representar el 27,2 por ciento de gasto sanitario en Catalunya al 32 por ciento.

En este contexto es significativo subrayar, según los datos de la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) que en España entre 2011 y 2017 el número de asegurados en sistemas privados de salud ha aumentado el 10,9 por ciento, que el valor de la prestación media recibida ha aumentado el 6,7 por ciento, pero el índice de precios del INE de seguros privados de salud ha aumentado el 36,6 por ciento.

Estas políticas han tenido consecuencias en la reducción de los recursos humanos y materiales a disposición de la sanidad pública de las que destacaré algunas. En primer lugar, en relación a efectivos de personal, según el Servei Català de la Salut (SCS) entre 2010 y 2017, los efectivos de totales de personal de la sanidad pública, con conciertos, se ha incrementado en un 3,5 por ciento. El 8,1 por ciento en personal facultativo y el 5,8 por ciento en enfermería. Evolución alejada del 17,8 por ciento y el 18 por ciento respectivamente en la sanidad privada sin concierto.

Sería importante conocer el método de cálculo de set indicador, es decir, si se refiere a personas equivalentes en jornada completa, método que evita la distorsión que genera la precariedad laboral tan extendida en sanidad, o se refiere a número de personas ocupadas sin ningún ajuste.

Es una cuestión relevante ya que, según los datos de la Estadística de Gasto Sanitario Público Total consolidado EGSPTC) el gasto de personal en el sector sanitario púbico de Catalunya durante este período, en euros de valor constate de 2020, disminuye el 8,4 por ciento, mientras el promedio de reducción del conjunto de Comunidades -Autónomas es de un 5,7 por ciento

También, se constata una asignación de recursos en sentido contrario al necesario cambio de paradigma de la prioridad sanitaria desde la cura a la prevención y la promoción de la salud. Cambio que sólo es posible reforzando los recursos destinados a Atención Primaria. También, y según la EGSPTC, entre 2010 y 2018 se ha priorizado la atención hospitalaria en detrimento de la atención primaria. En Catalunya el año 2010 el 14,4 por ciento del gasto se destinaba a atención primaria, proporción que se reduce al 13 por ciento en 2018. Al mismo tiempo la atención hospitalaria se expande del 59,2 por ciento al 65,1 por ciento del gasto sanitario.

Los datos son tozudos. Según el Servei Català de la Salutes la disposición de camas hospitalarias en hospitales públicos, incluidos los concertados, ha pasado de 14.072 camas en 2010 a 12.776 en 2019, una reducción del 9,2 por ciento. Evolución muy diferente de la de las camas en hospitales privados no concertados. Entre 2010 y 2017 (últimos datos de privados no concertados) las camas de los hospitales privados no concertados aumentaron el 11,4 por ciento y las camas en púbicos con concertados disminuyeron el 7,7 por ciento.

Estos recortes de presupuesto que provocan la disminución de los medios personales y materiales tienen una tercera consecuencia: la reducción de la actividad de atención asistencial y el incremento de las listas de espera. En primer lugar, cabe señalar que la atención primaria, a pesar del maltrato a que ha estado sometida ha mantenido su actividad. Según el SCS en 2010 se realizaron 48,3 millones de visitas y 49,3 millones en 2019.

Por su parte, las altas hospitalarias en la sanidad pública con conciertos, entre 2010 y 2017 han pasado de 740.517 a 738.019, una pequeña  reducción de sólo el 0’3 por ciento que contrasta, sin embargo, con el aumento del 8 por ciento en las altas hospitalarias privadas no concertadas.

Un indicador más significativo, las estancias hospitalarias, durante el mismo período y con datos del SCS pasaron de 8.435.301 a 7.795.84, una reducción del 5,4 por ciento. Nada que ver con el aumento de las estancias hospitalarias en centros privados no concertados que aumentaron el 44,3 por ciento.

Una evolución parecida a las estancias hospitalarias se observa en la actividad de las urgencias públicas que ha disminuido en un 4 por ciento. Pasando de 3.697.430 en 2010 a 3.547.050 en 2019, también a mucha distancia del aumento del 44,3 por ciento registrado en privados no concertados.

Finalmente, la dificultad para obtener datos coherentes y homogéneos para observar la evolución cronológica de las listas de espera resume la sensación de desgobierno y de falta de transparencia de estos años de gestión de la sanidad pública en Catalunya. El cambio de metodología de cálculo de las listas de espera ¿Si es que se trata de eso? No justifica la opacidad en la presentación de la información.  Opacidad que va desde años en que los datos se encuentran en hojas de cálculo de 4.000 líneas sin totalizar y que requieren horas de manipulación por parte del que realiza la consulta, hasta falta de información en los accesos a las consultas sobre por qué razones el año 2010 la lista de espera de cirugía es de 56.670, el año 2013 sube a 75.075, el año 2014 baja a 57.191 y el 2015 vuelve a baja a 31.018.

La información más homogénea es la de pruebas diagnósticas, cuya lista de espera aumenta entre 2010 y 2019 el 43,5 por ciento, pasando de 53 días a 83. Una referencia del nivel se puede apreciar en la comparación de listas de espera del 2019 entre Catalunya y las demás CCAA. Este año la lista de espera de cirugía es de 8,7 per 1.000 habitantes sobre un promedio de 5,5, y la de consultas externas es de 90 por 1.000 habitantes sobre un promedio de 4,7 en el conjunto de CCAA.

Nietzsche (citado por René Passet,2013) decía: “Inventando la mentira de un mundo ideal se hizo perder a la realidad su valor, su significado, su veracidad. La mentira del ideal fue hasta ahora la maldición que pesaba sobre la realidad”. Necesitamos un esfuerzo colectivo para cambiar (no abandonar) la prioridad de la identidad por la prioridad de la realidad. En primer lugar, para salvar vidas y proteger a los ciudadanos de la covid-19, pero también para reconstruir el sistema sanitario público y protegerlo de los impactos de la lógica de los mercados. Necesitamos hacer frente a la necesaria negociación para la reconstrucción del compromiso comunitario con la salud, para construir el contrato social sanitario, social y federal.


dimarts, 5 de gener de 2021

LA SANITAT PÚBLICA CONCERTADA A CATALUNYA i LES SEVES PATRONALS Grup de Treball de la Comissió de Salut de la FAVB

 https://diarisanitat.cat/la-sanitat-publica-concertada-a-catalunya-i-les-seves-patronals/                 Sigue traducido al castellano al final    

La col·laboració públic-privada en l’atenció sanitària pública fa tants anys que és present a Catalunya que ens hem acostumat a la presència al seu costat d’unes associacions patronals de la sanitat concertada és a dir no gestionada operativament per l’administració sanitària Institut Català de la Salut (ICS), sense conèixer-les massa bé. Aquestes associacions ofereixen serveis sobre temes d’assessorament, informació, formació, diàleg amb l’Administració, els mitjans i altres proveïdors del sector. Naturalment actuen en el debat amb els representants dels treballadors sobre els salaris i les seves obligacions contractuals encara que alguns associats com els grans hospitals tenen convenis propis i alguns proveïdors estan associats a dues de les entitats. Creiem que pot tenir interès una descripció de qui són, la seva trajectòria i activitats ja que passen desapercebudes per la majoria i tenen gran influència en l’àmbit sanitari participant per exemple al Consell de Direcció del CatSalut entre altres.     

La sanitat pública concertada de Catalunya no és un sector petit; és el 23% dels equips de primària i 88% dels hospitals del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). En xifres globals la concertació, l’any 2015, representava un 62,3% de la despesa en provisió de serveis del CatSalut[1]. Inclús ha crescut si la comparem amb les xifres de l’any 2010 del gràfic, quan van començar les retallades pressupostàries.

És notable la mobilitat entre els càrrecs responsables d’aquestes associacions patronals i el seus nomenaments a càrrecs de responsabilitat en el Departament de Salut i en el Govern, així com els alts salaris d’alguns. Investigacions per sospita d’irregularitats i alguna sentència els ha tingut com a protagonistes amb ressò mediàtic i de contestació de la ciutadania en algun cas.

Aquestes associacions són per ordre d’antiguitat segons l’any de creació: la Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) 1975, l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) 1977 i el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (CSC) 1983. 

La Unió, creada com a Unió Catalano-Balear d’Hospitals, comprèn avui dia 113 entitats associades, sanitàries, socials i d’atenció a la dependència. Entre elles, 24 de titularitat pública, 35 fundacions, 2 mutualitats, 8 ordres religioses i 35 societats mercantils. Moltes d’elles reben contractes del CatSalut i d’Afers Socials. A Catalunya aglutinen uns 751 dispositius assistencials, representen més de 60.000 llocs de treball i el 95% de la sanitat concertada. També en formen part 38 empreses de bens i serveis associades com a entitats col·laboradores.

A Barcelona s’hi troben associats, molts dels els centres Hospitalaris no gestionats operativament per l’ICS i els centres d’Atenció Primària (CAPs) “no ICS” incloent-hi els gestionats per les Entitats de Base Associativa (EBAs); el centres d’Atenció Sociosanitària i a la Dependència a més dels Equips d’atenció a les Residències (EAR) de MUTUAM, atenció de Salut Mental i Addiccions, Fisioteràpia i Rehabilitació, centres Diagnòstics i Laboratoris i algunes Clíniques.

La Unió no gestiona ni directa ni indirectament cap centre ni cap tipus d'entitat; es finança a través de les quotes dels seus associats en un 96% (1.517.997,26 €) i un 4% a través d’ingressos per prestació de serveis (71.332,27).  La missió de La Unió és servir als associats defensant els seus interessos. Defensa un model sanitari i social públic participat per la societat civil sobre la base de l’autonomia de gestió empresarial dels centres. Tanmateix a través de la Fundació Unió ofereix diferents serveis d’assessorament, consultoria i formació.

La Unió al 2011 va contribuir al Govern de les retallades d’Artur Mas amb el President de la entitat Boi Ruiz que va passar a Conseller però també amb la Directora General Roser Fernàndez passant a Secretaria General del Departament de Salut, Xabier Gibert director de relacions laborals que va passar a Secretari General del Departament d’Interior i el membre de la Junta Josep Maria Padrosa nomenat Director del CatSalut que va deixar l’empresa Fisiogestión sancionada per l’Autoritat Catalana de la Competència, per l’adjudicació d’un contracte després que ell accedís al càrrec [2]

La relació dels alts càrrecs del Departament de Salut amb La Unió ja venía d’abans de les retallades. Entre 2003 i 2009, l’actual President de La Unió i Director General del Parc Sanitàri Sant Joan de Deu, Enric Mangas, havia sigut Director del CatSalut i gerent de la Regió Sanitària de Barcelona.

 

ACES va ser  fundada com Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris per destacats empresaris de clíniques privades de Barcelona per defensar drets i interessos dels centres empresarials sanitaris privats en els àmbits de la negociació de convenis laborals i de la política sanitària de cada moment. ACES s’ha manifestat contrària a la promoció d’activitat privada en hospitals públics[3].  Representa més de 370 centres del sector sanitari, sociosanitari i social que engloba a més de 23.500 treballadors. Abasta des de centres d'hospitalització d'aguts a policlíniques, centres monogràfics, centres de proves diagnòstiques i transport sanitari. Alguns centres reben contractes del CatSalut.

ACES es finança en un 67% (506.895 €) mitjançant quotes d’associats i la resta per subvencions a la formació i serveis diversos.

El CSC associació creada com Consorci Hospitalari de Catalunya té el seu origen en el moviment municipalista. El seu objectiu és impulsar models de salut i socials excel·lents i sostenibles i oferir serveis d’alt valor afegit als associats.

 El CSC aplega 105 entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre (9 d’elles participades pel propi CSC): 2 Diputacions, 27 Ajuntaments, 23 entitats del sector públic local, 21 empreses públiques, consorcis, entitats del sector públic de la Generalitat i 32 entitats sense afany de lucre. Aglutina 198 dispositius assistencials sanitaris i socials. També, a través de diferents empreses instrumentals proveeix serveis de consultoria, formació, recerca, assessorament i contractació administrativa.

A Barcelona, entre els seus associats es troben entitats associades al mateix temps a Unió, com els Hospitals Clínic, Sant Pau, Dos de Maig, entitats públiques de Atenció Primària  “no ICS” i Atenció Sociosanitària i Social.

Es finança, en part, per quotes dels seus associats (722.797,74 €) subvencions i majorment de la prestació de serveis a CatSalut, Afers Socials i a les pròpies entitats associades. La part més significativa d’aquests ingressos correspon a  contractes amb CatSalut i els més importants són els generats per CSC Vitae SA, (mitja propi) que ostenta la concessió administrativa a 30 anys del CIS Cotxeres. Ara fa 10 anys de la inauguració del Complex Assistencial al terreny de les antigues cotxeres de Borbó gestionat per el CSC Vitae, SA. Res a celebrar diuen els usuaris. Denuncien la disminució progressiva de les dotacions de tot tipus de professionals i de serveis i l’accentuació d’una rotació continua del personal i directius en els darrers anys.

  Pels òrgans directius del CSC han passat persones vinculades al Departament de Salut. Josep Maria Via cap del Gabinet del Departament de Salut amb Xavier Trias, després d’ocupar càrrecs directius a l’ICS i al CatSalut, va ser Conseller Delegat de l’empresa del CSC, Consultoria i Gestió SA, dedicada a assessorament sobre disseny de serveis públics i gestió. Va tornar a la Generalitat com Secretari de Govern entre els anys 1997 i 2000. Després va ser president del Parc Salut Mar d’on va dimitir en guanyar les eleccions municipals Ada Colau.

Alguns càrrecs del CSC han sigut investigats per possible corrupció. Ramón Bagó[4], president del CSC,SA entre 1983 i 1991 i alcalde de Calella, va ser investigat per adjudicacions a la seva empresa SEHRS, de contractes irregulars per serveis de cuina a hospitals, majoritàriament associats al CSC. SAGESSA holding d’empreses lligades a l’Ajuntament de Reus, ha donat lloc al conegut com cas Innova encara en litigi, on han sigut condemnats per el Tribunal de Comptes de Catalunya[5], dos antics alts càrrecs del CSC: Carles Manté ex gerent i Josep Prat ex vicepresident que havien ocupat càrrecs del CatSalut (director del CatSalut i President del ICS respectivament). També va ser gerent de l’ICS l’advocat Francesc José Maria secretari del CSC entre 1993 i 2006 investigat per rebre encàrrecs jurídics al seu bufet, d’organismes del CatSalut per valor d’1.7 milions € entre 2011-2016 [6], és actualment assessor de la patronal CAPSS i d’altres entitats vinculades al CSC.

El director general actual del CSC, des del 2013, José Augusto Garcia Navarro, havia estat director general del grup SAGESSA fins 2012 i anteriorment Gerent del Hospital St Joan de Reus, recentment rescatat pel CatSalut. Els honoraris anuals de la Direcció General del CSC són 140.000 €

El desenvolupament i influència d’aquestes associacions de la patronal de la Sanitat Concertada de Catalunya acompanya el model sanitari resultant l’any 1995 de la modificació de la Llei anterior d’Ordenació Sanitària de Catalunya, (LOSC) aprovada per consens de totes les forces polítiques l’any 1990.  A partir del 1990 el Departament de Salut ja va començar a constituir Consorcis als que es cedia la gestió operativa dels hospitals i consultes, amb fons de la Generalitat. Entre 1991 i 1995 van aparèixer 9 nous Consorcis[7] que han arribat a 16 en l’actualitat i es van crear les Entitats de Base Associativa (EBAs) societats privades limitades contractades per gestionar l’Atenció Primària en locals del propi CatSalut.

La modificació de 1995 de la LOSC especifica que l’administració pública sanitària podrà establir convenis amb consorcis o fórmules de gestió integrada o compartida amb entitats públiques o privades. Aquesta llei catalana, va consolidar un sistema de provisió mixt, públic-privat, en que el CatSalut es reserva la compra i un suposat control dels serveis sanitaris i deixa en mans dels proveïdors la gestió operativa. Actualment existeix una gran fragmentació d’entitats i institucions vinculades a la provisió d’atenció sanitària. Només a una de les 4 Àrees Integrals de Salut de Barcelona teballen 8 proveïdors d’Atenció Primària i 9 de Salut Mental. En un altra de les àrees, el nombre de proveïdors de Salut Mental arriba a 18 [8]. Amb aquest model organitzatiu que té tendència a centrar-se en l’atenció hospitalària, creiem que la Salut Pública i l’Atenció Primària han perdut presència com a eines necessàries per la direcció i renovació del Sistema.

Veient la importància de la contractació en el nostre sistema, la debilitat en l’avaluació de resultats en Salut Pública i la manca de transparència aportada per l’autogestió és fa necessari reconèixer l’error comés amb l’aprovació de la llei de 1990.  Aquesta llei, contradictòria amb l’esperit de la Llei General de Sanitat i potser també amb la lletra, ha facilitat la col·laboració entre l’administració pública i l’activitat privada sense el control necessari i quan per llei deuria optimitzar els recursos propis. Quan es parla d’eficiència de gestió en la provisió, sovint es limita a comparar indicadors de costos entre centres públics i privats i caldria tenir en compte tots els impactes directes i indirectes que incorporen les decisions d’externalitzar la producció de serveis; fer-ho en clau sistèmica, d’eficiència global del sistema de salut i d’eficiència social.

Ara toca enfortir la sanitat pública, els sistemes de rectoria (planificació, avaluació) amb la gestió ètica dels recursos públics, amb transparència i participació ciutadana efectiva en tots els espais de decisió del sistema. Cal revertir el model de provisió mixt fragmentat que incentiva l’oferta de serveis hospitalaris i implementar els principis de Salut Pública en tots els àmbits. La superació de l’actual pandèmia ho fa encara més necessari.

Aquestes lleis dels anys 90 i 95 no es van quedar a Catalunya, van ser les precursores de la Llei estatal 15/97 que obriria la sanitat pública a la col·laboració públic-privada a tot el país. La reflexió sobre la seva revocació i recuperació de l’esperit de la LGS, caldria ferla a tot l’estat.

 


 

Document elaborat al desembre de 2020 per el Grup de Treball de la Comissió de Salut de la FAVB https://diarisanitat.cat/la-sanitat-publica-concertada-a-catalunya-i-les-seves-patronals/

Fonts consultades:

- Documents disponibles a les webs de: consorci.org; aces.es; uch.cat;  catsalut.gencat.cat

- Premsa on line

 

 

 

 

 

 

 



[1] Informe Privatització i Mercantilització en l’Assistència Sanitària Pública. Àrea de Drets Socials Ajuntament de Barcelona Març 2016

[2] https://elpais.com/ccaa/2016/02/25/catalunya/1456431566_124235.html

[3] http://sanidadprivada.publicacionmedica.com/noticia/el-idis-rechaza-de-plano-la-propuesta-de-ciu-de-promover-sanidad-privada-en-centros-publicos

[4] https://stac.cat/antifraude-denuncia-que-el-modelo-sanitario-catalan-facilita-la-corrupcion/

[5] https://www.diaridetarragona.com/reus/El-Tribunal-de-Cuentas-ratifica-la-condena-a-Prat-por-el-caso-Innova-de-Reus-20180416-0056.html

[7] ¿Por nuestra Salud? Traficantes de Sueños 2010

[8] http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/Arees_Integrals_de_Salut/


LA SANIDAD PÚBLICA CONCERTADA DE CATALUÑA

Y SUS PATRONALES

                                La colaboración público-privada en la atención sanitaria pública hace tantos años que está implantada en Cataluña que nos hemos acostumbrado a la presencia a su lado, de unas asociaciones patronales de la sanidad concertada, es decir no gestionada operativamente por la administración sanitaria Instituto Catalán de la Salud (ICS), sin conocerlas demasiado bien. Estas asociaciones ofrecen servicios sobre temas de asesoramiento, información, formación, diálogo con la Administración, los medios y otros proveedores del sector. Naturalmente actúan en el debate con los representantes de los trabajadores sobre los salarios y sus obligaciones contractuales aunque algunos asociados como los grandes hospitales tienen convenios propios y algunos proveedores están asociados a dos de las entidades. Creemos que puede tener interés una descripción de quiénes son, su trayectoria y actividades ya que pasan desapercibidas para la mayoría y tienen gran influencia en el ámbito sanitario; participan por ejemplo en el Consejo de Dirección del CatSalut entre otros.

                La sanidad pública concertada de Cataluña no es un sector pequeño; es el 23% de los equipos de primaria y 88% de los hospitales del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT). En cifras globales la concertación, en 2015, representaba un 62,3% del gasto en provisión de servicios del CatSalut[1]. Incluso ha crecido si la comparamos con las cifras del año 2010, cuando empezaron los recortes presupuestarios[2].

                Es notable la movilidad entre responsables de estas asociaciones patronales y sus nombramientos a cargos de responsabilidad en el Departamento de Salud y en el Gobierno, así como los altos salarios de algunos. Investigaciones por sospecha de irregularidades y alguna sentencia los ha tenido como protagonistas con eco mediático y de contestación de la ciudadanía en algún caso.

Estas asociaciones son por orden de antigüedad según el año de creación: la Unión Catalana de Hospitales (La Unió) 1975, la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES) 1977 y el Consorcio de Salud y Atención Social de Cataluña (CSC) 1983.

                La Unió, creada como Unión Catalano-Balear de Hospitales, comprende hoy 113 entidades asociadas, sanitarias, sociales y de atención a la dependencia. Entre ellas, 24 de titularidad pública, 35 fundaciones, 2 mutualidades, 8 órdenes religiosas y 35 sociedades mercantiles. Muchas de ellas reciben contratos del CatSalut y de Asuntos Sociales. En Cataluña aglutinan unos 751 dispositivos asistenciales, representan más de 60.000 puestos de trabajo y el 95% de la sanidad concertada. También forman parte 38 empresas de bienes y servicios asociados como entidades colaboradoras.

En Barcelona se encuentran asociados, muchos de los los centros Hospitalarios no gestionados operativamente por el ICS y los centros de Atención Primaria (CAPs) "no ICS" incluyendo los gestionados por las Entidades de Base Asociativa (EBAs);  centros de Atención Sociosanitaria y la Dependencia además de los Equipos de atención a las Residencias (EAR) de MUTUAM, atención de Salud Mental y Adicciones, Fisioterapia y Rehabilitación, centros Diagnósticos y Laboratorios y algunas Clínicas.

La Unió no gestiona ni directa ni indirectamente ningún centro ni ningún tipo de entidad; se financia a través de las cuotas de sus asociados en un 96% (1.517.997,26 €) y un 4% a través de ingresos por prestación de servicios (71.332,27). La misión de La Unió es servir a los asociados defendiendo sus intereses. Defiende un modelo sanitario y social público participado por la sociedad civil sobre la base de la autonomía de gestión empresarial de los centros. Al mismo tiempo a través de una Fundación, La Unió ofrece diferentes servicios de asesoramiento, consultoría y formación.

La Unió en 2011 contribuyó al Gobierno de los recortes de Artur Mas con el Presidente de la entidad Boi Ruiz que pasó a Consejero pero también con la Directora General Roser Fernández que pasó a Secretaría General del Departamento de Salud, Xabier Gibert director de relaciones laborales que pasó a Secretario General del Departamento de Interior y el miembro de la Junta Josep Maria Padrosa nombrado Director del CatSalut que dejó la empresa Fisiogestión, sancionada por la Autoridad Catalana de la Competencia por la adjudicación de un contrato después de que él accediera al cargo[3]

                La relación de los altos cargos del Departamento de Salud con La Unió ya existía antes de los recortes. Entre 2003 y 2009, el actual Presidente de La Unió y Director General del Parque Sanitario San Juan de Dios, Enric Mangas, había sido Director del CatSalut y gerente de la Región Sanitaria de Barcelona.

                ACES fue fundada como Agrupación Catalana de Establecimientos Sanitarios por destacados empresarios de clínicas privadas de Barcelona para defender derechos e intereses de los centros empresariales sanitarios privados en los ámbitos de la negociación de convenios laborales y de la política sanitaria de cada momento. ACES se ha manifestado contraria a la promoción de actividad privada en hospitales públicos[4].  Representa más de 370 centros del sector sanitario, socio sanitario y social que engloba a más de 23.500 trabajadores. Abarca des de centros de hospitalización de agudos a policlínicas, centros monográficos, centros de pruebas diagnósticas y transporte sanitario. Algunos centros reciben contratos del CatSalut.

ACES se financia en un 67% (506.895 €) mediante cuotas de asociados y por subvenciones a la formación y servicios diversos en el resto.   .

El CSC asociación creada como Consorcio Hospitalario de Cataluña tiene su origen en el movimiento municipalista. Su objetivo es impulsar modelos de salud y sociales de excelencia, sostenibles y ofrecer servicios de alto valor añadido a los asociados.

El CSC reúne 105 entidades públicas y / o privadas sin ánimo de lucro (9 de ellas participadas por el propio CSC): 2 Diputaciones, 27 Ayuntamientos, 23 entidades del sector público local, 21 empresas públicas, consorcios, entidades del sector público de la Generalitat y 32 entidades sin ánimo de lucro. Aglutina 198 dispositivos asistenciales sanitarios y sociales. También, a través de diferentes empresas instrumentales provee servicios de consultoría, formación, investigación, asesoramiento y contratación administrativa.

En Barcelona, ​​entre sus asociados se encuentran entidades asociadas al mismo tiempo a Unió, como los Hospitales Clínico, Sant Pau, Dos de Mayo, entidades públicas de Atención Primaria "no ICS" y Atención Sociosanitaria y Social.

Se financia, en parte, por cuotas de sus asociados (722.797,74 €) subvenciones y mayormente de la prestación de servicios a CatSalut, Asuntos Sociales y a las propias entidades asociadas. La parte más significativa de estos ingresos corresponde a contratos con CatSalut y los más importantes son los generados por CSC Vitae SA, (medio propio) que ostenta la concesión administrativa a 30 años del Centro Integral de Salud (CIS) Cotxeres. Hace 10 años de la inauguración de este Complejo Asistencial en el terreno de las antiguas cocheras de Borbón gestionado por el CSC Vitae, SA. Nada que celebrar dicen los usuarios. Denuncian la disminución progresiva de las dotaciones de todo tipo de profesionales y de servicios y la acentuación de una rotación continua del personal y directivos en los últimos años.

Por los órganos directivos del CSC han pasado personas vinculadas al Departamento de Salud. Josep Maria Via jefe del Gabinete del Departamento de Salud con Xavier Trias, tras ocupar cargos directivos en el ICS y el CatSalut, fue Consejero Delegado de la empresa del CSC, Consultoría y Gestión SA, dedicada a asesoramiento sobre diseño de servicios públicos y gestión. Volvió a la Generalitat como Secretario de Gobierno entre los años 1997 y 2000. Luego fue presidente del Consorcio Parc Salut Mar de donde dimitió al ganar las elecciones municipales Ada Colau.

Algunos cargos del CSC han sido investigados por posible corrupción. Ramón Bagó[5], presidente del CSC, SA entre 1983 y 1991 y alcalde de Calella, fue investigado por adjudicaciones a su empresa SEHRS, de contratos irregulares por servicios de cocina a hospitales, mayoritariamente asociados al CSC. SAGESSA holding de empresas ligadas al Ayuntamiento de Reus, ha dado lugar al conocido como caso Innova aún en litigio, donde han sido condenados por el Tribunal de Cuentas de Cataluña[6], dos antiguos altos cargos del CSC: Carles Manté ex gerente y Josep Prat ex vicepresidente que habían ocupado cargos en el CatSalut (director del CatSalut y Presidente del ICS respectivamente). También fue gerente del ICS el abogado Francesc José Maria secretario del CSC entre 1993 y 2006 investigado por recibir encargos jurídicos a su bufete, de organismos del CatSalut por valor de 1.7 millones € entre 2011-2016[7], es actualmente asesor de la patronal CAPSS y otras entidades vinculadas al CSC.

El director general actual del CSC, desde 2013, José Augusto García Navarro, había sido director general del grupo SAGESSA hasta 2012 y anteriormente Gerente del Hospital San Juan de Reus, recientemente rescatado por el CatSalut. Los honorarios anuales de la Dirección General del CSC son 140.000 €

El desarrollo e influencia de estas asociaciones de la patronal de la Sanidad Concertada de Cataluña acompaña al modelo sanitario resultante en 1995 de la modificación de la Ley anterior de Ordenación Sanitaria de Cataluña, (LOSC) aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas en 1990. A partir de 1990 el Departamento de Salud ya comenzó a constituir Consorcios a los que se cedía la gestión operativa de los hospitales y consultas, con fondos de la Generalitat. Entre 1991 y 1995 aparecieron 9 nuevos Consorcios[8] que han llegado a 16 en la actualidad y se crearon las Entidades de Base Asociativa (EBAS) sociedades privadas limitadas contratadas para gestionar la Atención Primaria en locales del propio CatSalut.

La modificación de 1995 de la LOSC especifica que la administración pública sanitaria podrá establecer convenios con consorcios o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas. Esta ley catalana, consolidó un sistema de provisión mixto, público-privado, en que el CatSalut se reserva la compra y un supuesto control de los servicios sanitarios y deja en manos de los proveedores la gestión operativa. Actualmente existe una gran fragmentación de entidades e instituciones vinculadas a la provisión de atención sanitaria. Solo en una de las 4 Áreas Integrales de Salud de Barcelona trabajan 8 proveedores de atención primaria y 9 de Salud Mental. En otra de las áreas, el número de proveedores de Salud Mental llega a 18[9]. Con este modelo organizativo que tiene tendencia a centrarse en la atención hospitalaria, creemos que la Salud Pública y la Atención Primaria han perdido presencia como herramientas necesarias para la dirección y renovación del Sistema.

Viendo la importancia de la contratación en nuestro sistema, la debilidad en la evaluación de resultados en Salud Pública y la falta de transparencia aportada por la autogestión es necesario reconocer el error cometido con la aprobación de la ley de 1990. Esta ley, contradictoria con el espíritu de la Ley General de Sanidad y quizá también con la letra, ha facilitado la colaboración entre la administración pública y la actividad privada sin el control necesario y cuando por ley debería optimizar los recursos propios . Cuando se habla de eficiencia de gestión en la provisión, a menudo se limita a comparar indicadores de costes entre centros públicos y privados y habría que tener en cuenta todos los impactos directos e indirectos que incorporan las decisiones de externalizar la producción de servicios; hacerlo en clave sistémica, de eficiencia global del sistema de salud y de eficiencia social.

Ahora toca fortalecer la sanidad pública, los sistemas de rectoría (planificación, evaluación) con la gestión ética de los recursos públicos, con transparencia y participación ciudadana efectiva en todos los espacios de decisión del sistema. Hay que revertir el modelo de provisión mixto, fragmentado, que incentiva la oferta de servicios hospitalarios e implementar los principios de Salud Pública en todos los ámbitos. La superación de la actual pandemia lo hace aún más necesario.

Estas leyes de los años 90 y 95 no se quedaron en Cataluña, fueron las precursoras de la Ley estatal 15/97 que abriría la sanidad pública a la colaboración público-privada en todo el país. La reflexión sobre su revocación y recuperación del espíritu de la LGS, habría que hacerla en todo el estado.

 

Documento elaborado en diciembre de 2020 por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Salud de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB)

Fuentes consultadas:

- Documentos disponibles en las webs de: consorci.org; aces.es; uch.cat; catsalut.gencat.cat

- Prensa on line

 



[1] Informe Privatització i Mercantilització en l’Assistència Sanitària Pública. Àrea de Drets Socials Ajuntament de Barcelona Març 2016

[2] Diari Avui 24 Gener 2011

[3]https://elpais.com/ccaa/2016/02/25/catalunya/1456431566_124235.html

[4] http://sanidadprivada.publicacionmedica.com/noticia/el-idis-rechaza-de-plano-la-propuesta-de-ciu-de-promover-sanidad-privada-en-centros-publicos

[5] https://stac.cat/antifraude-denuncia-que-el-modelo-sanitario-catalan-facilita-la-corrupcion/

[6] https://www.diaridetarragona.com/reus/El-Tribunal-de-Cuentas-ratifica-la-condena-a-Prat-por-el-caso-Innova-de-Reus-20180416-0056.html

[8] ¿Por nuestra Salud? Traficantes de Sueños 2010

[9]http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/Arees_Integrals_de_Salut/