EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimarts, 30 d’agost del 2016

La "gestió clínica" una valoració de la FADSP que no ha perdut actualitat




1)    La gestión clínica como concepto es decir como un mecanismo para asegurar una mejor utilización de los recursos disponibles de acuerdo con la evidencia científica, para favorecer la autonomía de gestión, mejorar la eficiencia del sistema sanitario y favorecer una mejora de la calidad de la atención sanitaria nos parece una idea positiva.
2)    La gestión clínica no precisa de cambios organizativos en el sistema sanitario porque lo esencial para su desarrollo es un cambio de la cultura organizativa que busque el compromiso diario de los profesionales sanitarios con el buen funcionamiento de la Sanidad Pública
3)    Para el buen funcionamiento de la Sanidad Pública es fundamental la integración de todos los recursos que intervienen en la atención sanitaria. Las Áreas de Salud en su diseño en la Ley General de Sanidad fueron un gran paso en este sentido por lo que deberían de recuperarse como marco geográficamente delimitado de integración de recursos. La gestión clínica entendida como competencia entre unidades favorece la desintegración del sistema sanitario, dificulta la cooperación entre servicios y niveles asistenciales, y es un paso que dificulta la eficiencia del conjunto del sistema sanitario.
4)    La participación social y profesional es un paso imprescindible para cualquier diseño organizativo del sistema sanitario público. No es de recibo que se contemple autonomía de gestión sin garantizar la participación social y profesional, porque la ciudadanía no puede ni debe ser responsable de los resultados de decisiones en las que no participa y porque es la propietaria del sistema sanitario público.
5)    Necesitamos una gestión profesionalizada que acabe con tantas interferencias de la política partidaria en la gestión sanitaria. Por eso reivindicamos desde hace mas de 20 años una formación MIR de gestión que permita tener profesionales de acreditada formación y cualificación para la gestión sanitaria.
6)    Rechazamos totalmente el que las unidades de gestión clínica tengan personalidad jurídica propia y mas aún la posibilidad de la presencia de capital e intereses privados en las mismas, y entendemos que se trata de medidas solo encaminadas hacia una privatización soterrada de la Sanidad Pública
7)    Igualmente entendemos que no existe ninguna justificación para que se produzcan cambios en el régimen estatutario de los trabajadores sanitarios, y que la laboralización que se propone es otra puerta abierta a la privatización del servicio sanitario.
8)     Los incentivos en la Sanidad Pública tienen muchos riesgos de convertirse en incentivos perversos, que han sido señalados anteriormente y en publicaciones de la FADSP http://www.fadsp.org/index.php/publicaciones?task=view&id=21&catid=55  . En todo caso estos pueden implantarse independientemente de que haya o no UGC, y  entendemos que deben cumplir los siguientes requisitos: 1) Ser un conjunto bien elaborado, sostenido en el tiempo y adaptado a las necesidades, tanto en términos financieros como de recursos humanos. 2) Tener en cuenta en su diseño las aportaciones de los principales interesados. 3)  Basarse en principios de transparencia, equidad y coherencia. 4) Adaptarse a la finalidad de la mejora de la salud de la población y de reforzamiento del sistema sanitario público. 5) Combinar los incentivos económicos con los no económicos. 6) Revisables periódicamente y evaluables, tanto en su impacto como en sus consecuencias. 7) Motivar al conjunto de los trabajadores sanitarios. y 8) Evitar la generación de conflictos de interés y/o éticos en relación a lo que se incentiva.
9)    La evaluación de cualquier transformación en la Sanidad Pública es absolutamente imprescindible, y eso exige transparencia y publicidad de los datos asistenciales, porque hay una tendencia de las administraciones sanitarias hacia una sistemática ocultación y manipulación de los datos que hace realmente imposible una evaluación pormenorizada de los resultados. Antes de avanzar habría que realizar una evaluación detallada de la situación del sistema sanitario (a nivel global y en cada comunidad autónoma) y evaluar de manera detallada los resultados de los experimentos y transformaciones realizados, tanto de las privatizaciones (concesiones, PFI, EBAs, etc) como de las UGC ya en funcionamiento.
10)  No es posible realizar transformaciones en profundidad si primero no se acaba con los recortes indiscriminados que están dañando seriamente la Sanidad Pública en su conjunto (13.000 millones € menos presupuestados en 2014 respecto a 2009), porque si no es así cualquier intento de poner en marcha la gestión clínica se convertirá en un sistema de gestionar la miseria y de anteponer los recortes sobre las necesidades de la salud de la población.
11)  Hay que recordar por fin que el principal problema para la mejora de la eficiencia y la calidad de la Sanidad Pública esta en conseguir potenciar la adherencia y el compromiso de sus trabajadores con el objetivo central del sistema sanitario, la salud de la población, porque ellos son los que hacen posible su funcionamiento y los que toman la mayoría de las decisiones realmente sustanciales para el mantenimiento de la calidad y la eficiencia. Se precisa una promoción de la ética y moral de los servidores públicos, de la identificación de estos con la salud de la ciudadanía, cuyo principal enemigo es la política privatizadora, por eso las amplias movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública han hecho mas por hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud que todos los “planes de sostenibilidad” de las autoridades sanitarias.