Autonomía significa “auto nomos”, es decir, capacidad de dictar normas – y gestionarlas/ejecutarlas- sin sujeción a otros. Es decir, se refiere a la disponibilidad de un poder y un ámbito de competencias en las cuales ejercer dicho poder, respecto a terceros y sobre terceros..............
La primera pregunta a hacerse es
¿Quién quiere que los CAP tengan AdG, y por qué? Las
respuestas podrían ser:
1 La propia matriz.
En tal caso, la matriz ya adopta las
medidas legales/reglamentarias para que el CAP tenga AdG, pues facilitaría la
gestión por entidades concertadas, consorciadas, privadas, que tienen una doble
dependencia o interés: el del servicio y el propio particular...... No hay duda de que el SCS ve con clara
“simpatía” este tipo de AdG, pues le facilita la gestión “indirecta” del
servicio, como se ha visto en la práctica estos años (consorcios, concesión de
gestión a privadas, creación del sistema concertado…). A buen seguro el
conseller estará encantado con esta petición.
2 Los
profesionales del CAP.
¿Con qué fin, con el de reducir la
“dependencia” funcional respecto la matriz y, así, obtener más poder en el seno
del CAP? La respuesta está relacionada con la organización interna y la forma
jurídica que adopte el CAP. En todo caso, parece ausente de tal objetivo el
interés general de los pacientes.
3 La
entidad gestora del CAP
Ya avanzado anteriormente. Si el CAP
es gestionado por entidad privada/concertada/consorciada, es obvio que esta es
la más interesada en disponer de AdG.....
La
segunda pregunta debería ser ¿qué opinan los usuarios......
Es
obvio que los usuarios del servicio son los primeros interesados en que éste
funcione de la forma más objetiva, eficiente y eficaz, por lo cual la forma de
gestión no le resulta en absoluto indiferente, máxime cuando la AdG puede
afectar a cuestiones tan importantes como la asistencia y la responsabilidad.
Por ello, y como paciente lo digo, la implantación de la AdG (y diría que la
implantación de cualquier forma de gestión privada/concertada/…, diferente a la
gestión pública directa) debería llevar aparejado el reconocimiento al paciente
de la libertad de elección total y sin mermas de médico y de CAP o, para usar
los términos del debate, el paciente debería gozar de Autonomía de elección (de
CAP y de médico)y, a partir de aquí, que cada CAP “autónomo” aguante su vela…
En
conclusión, la AdG, respecto a los sujetos, no se reduce a una relación
CAP-SCS, pues el sujeto principal es el destinatario (y pagador) del servicio
público: el ciudadano. Sin cuya aceptación la AdG carece de legitimidad alguna.
B.
El objeto o finalidad de la autonomía.
a.
General:
La
finalidad de la AdG es, y debe ser (porque así lo establece la ley), la
satisfacción de los intereses generales en materia de salud pública, es decir,
la salud de los ciudadanos.......... debe recordarse que la satisfacción del interés
particular/profesional de los profesionales sanitarios no es, por sí mismo,
fundamentación suficiente.
b.
Específico.
Referido
al ámbito material de la AdG, puesto que la misma puede ser más o menos amplia, ..... deben delimitarse todos los ámbitos de
funcionamiento del CAP con el fin de determinar a cuáles de ellos se aplica la
AdG y su extensión. Sólo por nombrar algunos pueden citarse:
- Determinación de la organización
interna del servicio: organización del poder (de dirección, gestión…) en el
seno del CAP.
- Gestión económica:...
- Gestión de personal: .....
disciplina, responsabilidad…
- Determinación del ámbito territorial
y personal de los destinatarios del mismo (los pacientes) y prestación del
servicio a los mismos.
- Organización de la responsabilidad
del CAP “autónomo”:.....
- Determinación de las relaciones del
CAP “autónomo”....
- El ámbito o extensión de la AdG está
relacionado con la forma que adopte el órgano de gestión: si tiene personalidad
jurídica propia o no, por regla general el ámbito de AdG no es, ni puede ser,
total y absoluto, en tal caso, no sería un CAP público.
En
un CAP público no es posible la autonomía en la gestión de aspectos
sustanciales del mismo, pues los mismos están reservados con carácter exclusivo
a la entidad matriz. Así, la obtención de recursos económicos, la delimitación
del ámbito territorial y personal del CAP, o la responsabilidad ante terceros. En
otros aspectos, la autonomía no es plena, puesto que la entidad que concede la
AdG se reserva la potestad de dictar normas básicas en materia organizativa, de gestión, de objetivos,
etc., que deben ser cumplidas por el CAP, so pena de cancelación de la AdG.
Asimismo, la entidad matriz tiene reservadas, por ley, las facultades de
control de la gestión y sus resultados......Puede decirse que más que una AdG lo máximo a lo que
podría aspirar un CAP es a la descentralización de una parte de la gestión.
Ciertamente, da más lustre la palabra "autonomia" (dG) que la de
"Descentralización" (dG), pero es lo que hay: un CAP, mientras se
mantenga como entidad pública prestadora de un servicio público, integrado en
el sistema público de salud, no puede gozar de autonomía de gestión al carecer
de poder pleno, exclusivo y excluyente, sobre ámbitos esenciales de la gestión
(economía, ámbito territorial y personal, responsabilidad…)
C-
La forma.
La forma vendrá determinada por el ámbito de la AdG, es decir de la amplitud material de la misma.
La forma vendrá determinada por el ámbito de la AdG, es decir de la amplitud material de la misma.
Como
regla general puede decirse que una AdG amplia suele requerir una
“personalización” del sujeto autónomo: es decir, que el sujeto autónomo tenga personalidad
jurídica propia y diferenciada la organización matriz (p.ej: empresa
pública, consorcio, empresa privada o concertada…).
.....
Para
debatir sobre la AdG de los CAP y concluir si es la mejor opción/solución para
la satisfacción del interés general de salud pública, debe analizarse cada uno
de los elementos subjetivos, objetivos y de forma antes indicados,....
La
AdG es objetivo principal para un CAP cuando la gestión se realiza por una
entidad (pública o privada) con personalidad jurídica propia (empresa pública o
privada, fundación, entidad concertada, consorcio…), y el interés de la entidad
gestora puede (suele) coincidir con el interés (ideológico) de la dirección
política de la entidad matriz.
La
AdG es objetivo principal para una entidad gestora de un CAP porque esta debe
satisfacer dos intereses: el público encomendado, y el propio –y privado-......
Por
ello, cuando el CAP no es gestionado por una entidad con personalidad jurídica
propia, cabe preguntarse cuál es el interés al que satisface dicha AdG, ante la
cual solo cabe una respuesta: el de
los profesionales del centro, puesto que la satisfacción del interés general lo
predetermina/determina totalmente la entidad pública matriz.
Pongamos
un ejemplo hipotético pero posible, imaginen una ciudad con diez CAPs y que
todos piden AdG, el CatSalut, batiendo palmas, da el visto bueno y firma esa
concesión que confiere derechos y responsabilidades. Los CAPs firmantes se
constituyen en un ente gestor que debe tener personalidad jurídica propia ya
que debe responder ante la entidad titular del servicio (el CatSalut) y ante
los pacientes y no puede hacerse a título individual ni sus integrantes ni su
director, ahí entran formas como las EBAs, cooperativas, consorcios, entidades
de economía social, etc. De hecho el término AdG se empezó a extender a la par
que la idea de las EBAs por la
determinación de los gobiernos y el apoyo del COMB de la época.
Vemos
que eso liga muy bien con la idea del proyecto de la innecesaria ley del Sr
Comín y sus indefinidas entidades de economía social, como también liga con una
ampliación del mercado y sus leyes en una AP más fragmentada y debilitada. Si
al cabo de un tiempo un CAP no responde al contrato, el CatSalut puede
resolverlo unilateralmente, lo que puede conllevar al cierre del mismo o la
búsqueda de otro ente gestor, traspasando los pacientes a otros CAPs o a
aquellos y los servicios a esa otra entidad quedando los profesionales en
situación incierta. El Sr B. Ruiz estará disfrutando sobremanera.
Los
ciudadanos tienen derecho a saber (y opinar y decidir) sobre aquellos aspectos
organizativos del sistema de salud que pueden afectar a la prestación del
servicio del que son usuarios y contribuyen a sostener. Como también tienen
derecho a pensar que el hecho de que el tema de la AdG de un CAP (de su CAP,
por ejemplo), que puede tener importantes efectos en la atención que se le
preste, se decida “puertas adentro”, entre los profesionales, es de un
corporativismo inaceptable.
Se
necesita un debate abierto sobre la AdG ya que puede generar –generará- un
fraccionalismo en la gestión de la sanidad pública, una debilitación de la
misma, y una indescifrable variedad de formas y calidades de gestión con su
correlato en resultados que pueden resultar más gravosa para el usuario e
incluso empeorar en términos de calidad.......................
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